Madrid, 12 de noviembre de 2025 — Una reciente investigación revela que varios representantes políticos españoles estarían exagerando o directamente mintiendo sobre su formación académica en sus currículos oficiales, pese a que muchos de sus cargos no exigen tener una titulación universitaria. 
El fenómeno ha cobrado fuerza tras la dimisión de la exdiputada del PP Noelia Núñez, quien admitió haber publicado varias versiones distintas de su formación en distintos perfiles.  Su caso parece haber desencadenado una «cascada» de rectificaciones similares en otros políticos. 
Para muchos expertos, esta práctica refleja no solo un problema individual, sino una presión social creciente para que los dirigentes muestren un mínimo de formación académica. Óscar Prieto-Flores, sociólogo de la educación, explica que aunque legalmente no se exige un título universitario para muchos cargos políticos, la percepción pública va en otra dirección. 
Por su parte, el psicólogo Guillermo Fauce apunta al “ego expuesto”: falsear la formación serviría para proyectar solvencia y capacidades ante la ciudadanía.  El filósofo Arash Arjomandi, en cambio, advierte de una amenaza ética mayor: “Quien socava estos valores va a poder hacerlo con otros en cualquier momento, porque siempre creerá que puede saltarse normas éticas mintiendo.” 
Este debate, además, abre una discusión sobre si debe exigirse formación académica a quienes se presentan a cargos electos. Para algunos, pedir títulos puede debilitar la democracia, al excluir a personas sin estudios; para otros, comprobar los méritos académicos debería ser obligatorio para garantizar transparencia. 
Voces como las de Prieto-Flores o Arjomandi coinciden en la necesidad de implementar mecanismos reales de fiscalización: una forma de verificar los títulos declarados públicamente, de modo que no sea tan fácil inflar el currículum.